SALTA esta de luto por la dolorosa muerte de niños y niñas A CAUSA DE LA DESNUTRICIÓN Y FALTA DE ATENCIÓN SANITARIA.
Escuchamos con estupor las declaraciones de funcionarios del gobierno provincial justificando que las causas de las muertes son culturales. Reparten la culpa entre la desidia de los padres, la falta de higiene y el descuido de las familias.
La última muerte, una niña wichi, ocurrió en los brazos de la ministra de Salud de la provincia mientras visitaba por primera vez el hospital de Santa Victoria Este.
El discurso del gobierno provincial de “no ocultar la realidad“ es utilizado como base para el reclamo permanente a la Nación de recursos y apoyos para el castigado norte, en particular para las comunidades de pueblos originarios.
El gobierno de la Nación envió a Salta 324 millones de pesos para la compra mensual de 40.000 módulos alimentarios reforzados durante 4 meses, 20 millones de pesos para 20.000 módulos para situaciones crítica y firmó el convenio para entregar 65.000 tarjetas alimentarias por un valor de 330 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, en el norte nada ha cambiado. El gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria pero las comunidades siguen sin alimentos y agua. Los intendentes siguen afrontando los reclamos de los y las vecinos/as por la ausencia del Estado provincial. Falta todo: agua, alimentos, médicos, insumos, transporte, comunicación, etc.
Al drama que sufren nuestras comunidades originarias y pueblos del interior profundo del norte y sur provincial se suman ahora las inundaciones y brotes de las enfermedades tropicales y de la pobreza.
Hoy el gobierno provincial ha definido otras prioridades: ampliar la Corte de Justicia de Salta de 7 a 9 miembros. Esos dos nuevos jueces no solucionan el mal servicio de justicia y cuestan 40 millones de pesos anuales, que equivalen a 10 pozos de agua por año, 20 mil módulos alimentarios, o a la Copa de Leche de la ciudad capital hoy cancelada. Es vox populi que estos cargos serán ocupados por ex legisladores nacionales, ex funcionarios, parientes y amigos del gobierno anterior y del actual.
Nos hubiéramos sentido convocados si el llamado a sesiones extraordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Salta fuera para el debate y la sanción de un plan estratégico de inclusión y el desarrollo del norte salteño en el corto, mediano y largo plazo o la aprobación de la nueva ley de financiamiento para las cooperadoras asistenciales, que ya cuenta con media sanción.
Nos queda claro que los/las salteños/as no son la principal preocupación, por eso el Estado provincial está ausente para atender alimentación, trabajo, provisión de agua y servicios, asistencia social, salud, educación, justicia, seguridad, derechos humanos, etc.
A las peores cifras de los indicadores de los gobiernos anteriores de Macri y Urtubey, hoy se suma la cifra de muertes de niños/as y adultos por desnutrición, deshidratación y falta de atención sanitaria.
Como dirigentes, legisladores, funcionarios nacionales, intendentes y militantes del Frente de Todos:
Reafirmamos nuestro compromiso con todos los/las salteños/as, especialmente con nuestros hermanos aborígenes y con todos los afectados del norte de la provincia.
Nos oponemos a la convocatoria de SESIONES EXTRAORDINARIAS para la ampliación de la Corte de Justicia porque no responde a las demandas ciudadanas y tiene como único objetivo agrandar el paragua de la protección a la impunidad bajo la excusa de mejorar los servicios de justicia.
Todos, junto a Alberto y Cristina, seguiremos trabajando desde los lugares que ocupamos para incluir a Salta en la recuperación y el desarrollo de una patria justa, libre y soberana.
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